Desde el pasado 11 de abril se giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla Mario Marín; el empresario Kamel Nacif; Adolfo Karam; y Juan Sánchez, por el probable delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, cometido en 2006
Este fin de semana el director de 24 Horas Puebla, Mario Alberto Mejía reveló que la magistrada María Elena Suárez Préstamo giró el pasado 11 de abril una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla Mario Marín; el empresario Kamel Nacif; Adolfo Karam; y Juan Sánchez.
Luego de que se diera a conocer que ya fue lanzada la orden de aprehensión en contra del exgobernador, éste dejó de aparecer en los eventos de campaña del candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, como comúnmente lo hacía.
Y para que no quede ninguna duda aquí va la resolución en contra de Marín y Kamel Nacif, entre otros. https://t.co/Lb2cXlL7NG @CarlosLoret @CiroGomezL @DeniseMaerker @AristeguiOnline pic.twitter.com/Xcv8EGdDUC
— Mario Alberto Mejía (@QuintaMam) April 14, 2019
Lydia Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario era uno de los principales señalados en el libro de investigación “Los demonios del Edén”, publicado por la periodista.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho y, después de 13 años de buscar justicia, solo se ha sentenciado a un policía por tortura y siguen libres los perpetradores e instigadores de las violaciones de derechos humanos.
11 años más tarde, en agosto de 2018, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución contra el Estado mexicano, derivado de la petición de revisión del caso que en octubre de 2014 presentó la organización Artículo 19, en representación de Lydia Cacho, por las violaciones a los derechos humanos de la periodista.
Esa fue la primera resolución favorable de este Comité y, por lo tanto, la primera en la que se pronuncia sobre violencia por parte de las autoridades contra una mujer periodista.
Ciudadana @lydiacachosi a nombre del Estado Mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de libertad de expresión.
Asumimos la responsabilidad d los hechos ocurridos hace 13 años.@GobiernoMX dejará atrás la simulación pic.twitter.com/oYI39hVHo1— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) January 10, 2019
