Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara la Controversia Constitucional planteada por el presidente suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López, por el procedimiento iniciado por el Congreso del Estado para destituir al Cabildo, regidores, diputados y hasta la propia dirección de gobierno del Gobierno del Estado han buscado desestabilizar la administración en la entidad para atender sus intereses particulares.
En este sentido, representantes ciudadanos de distintos sectores lamentaron la intromisión de personajes externos y la colaboración de servidores públicos para generar caos en la demarcación con la finalidad de obtener prevendas políticas y económicas.
Los funcionarios públicos destacaron que esperan que una vez más la Ley les asista, pues la determinación de los legisladores locales es una clara violación a los derechos político electorales de quienes hoy con transparencia y honestidad sirven a la entidad dejando de lado los intentos de asumir el control en el municipio de distintos grupos a través de mecanismos no legales.
Cabe señalar que de manera reciente se identificó a la Síndico del ayuntamiento, Laura Virginia Gallegos como uno de los personajes que en colaboración con personajes al interior del Gobierno de Puebla genera conflictos en el Cabildo, a través de la presentación de denuncias y quejas en contra de regidores locales.
De la misma forma, fuentes periodísticas revelaron la participación y colaboración de los representantes de las Juntas Auxiliares y el director de Gobierno del estado de Puebla “para generar caos” en el municipio con la finalidad de obtener argumentos para que se asuma el control desde el Congreso del Estado excediendo sus poderes y aplicandolos fuera de su competitividad.
Finalmente cabe destacar que a nivel nacional, el Partido Encuentro Social (PES), presentó en el Congreso un exhorto al Congreso de Puebla para que anteponga el funcionamiento municipal y evite la presión política, ante la situación en Tehuacán.
Al respecto, la bancada del PES, en voz de su coordinador, Jorge Argüelles Victorero, consideró que la ley y las autoridades deben proteger los derechos políticos de todos los ciudadanos de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica Municipal, y esperó que haya un llamado al diálogo y acuerdo en el cual prevalezca la objetividad e imparcialidad del proceso y de esa manera, solucionar en beneficio de los habitantes.
