El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ha estado exento de críticas sobre el legado de su predecesor. Pero ha reservado un desprecio especial por la reforma radical que abrió la industria energética de México, fuertemente controlada, al sector privado.
Ha calificado los cambios como una forma de “saqueo” legalizado, producto de la corrupción y un rotundo fracaso. Ha sugerido que algunos inversionistas extranjeros en energía están “saqueando” la nación y que los abogados mexicanos que trabajan para ellos son culpables de traición.
Ahora está formalizando su ataque más agresivo hasta el momento sobre las medidas.
En los próximos días, se espera que se convierta en ley un proyecto de ley que fortalecerá el dominio de la compañía eléctrica estatal de México. La medida, que fue aprobada recientemente por el Congreso de México con el contundente apoyo de López Obrador, también limitaría la participación de inversionistas privados en el sector energético.
Ambos efectos son fundamentales para su objetivo de larga data de restaurar la autosuficiencia energética y salvaguardar la soberanía mexicana.
La dependencia de México de los hidrocarburos extranjeros se puso de relieve el mes pasado cuando una tormenta invernal en Texas provocó la interrupción de las entregas de gas natural desde Estados Unidos, la fuente de la mayor parte del gas natural utilizado en México. López Obrador señaló los consiguientes apagones como evidencia de la necesidad de reducir la dependencia de la energía extranjera.
Sin embargo, la legislación, que fue acelerada en el Congreso de México por el partido de López Obrador, ha enfrentado críticas casi universales de legisladores de la oposición, ambientalistas, analistas de la industria, grupos empresariales mexicanos e internacionales e incluso el organismo de control antimonopolio de México.
Muchos críticos ven el proyecto de ley como una táctica política para entusiasmar a la base del presidente antes de las elecciones de mitad de período en junio, a través de las cuales López Obrador espera convertir la mayoría en el Congreso de su partido en la supermayoría necesaria para hacer cambios a la constitución.
Quienes se oponen a la legislación dicen que no sólo no resucitaría el sector energético o ayudaría a lograr la independencia energética, sino que también violaría los compromisos internacionales de México de reducir las emisiones de carbono, entraría en conflicto con los acuerdos comerciales y enfriaría aún más la inversión extranjera en México al igual que el nación está luchando por recuperar el impulso económico en medio de la pandemia.
La legislación también amenaza con lanzar otra llave en la relación entre los gobiernos de López Obrador y el presidente Joe Biden, que tuvo un comienzo difícil cuando el presidente mexicano se convirtió en uno de los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden por su victoria electoral.
