Seis de cada diez víctimas mortales de COVID en México son personas pobres, sin protección social, con empleos mal pagados o no remunerados, o bien sin trabajo.
A un año de declarada la pandemia por el nuevo coronavirus, estadísticas oficiales comprueban que la desigualdad económica, la precariedad de más de la mitad de la población y la limitada estrategia del gobierno mexicano para proteger el empleo y el ingreso familiar, han sido la fórmula perfecta para que la mayoría de muertes por COVID se registre en el grupo de personas pobres y pobres extremos.
Las acciones en materia económica, laboral y de protección social implementadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador son comparables con las estrategias seguidas por países latinoamericanos más pobres, como Haití, Honduras o Ecuador, según estándares internacionales.
La crisis no solo ha causado más defunciones entre los pobres: ha creado más. Antes de la pandemia, el 48.8% de la población en México (61.1 millones de personas) se ubicaba por debajo de la línea de pobreza por ingresos, y el 16.8% (21 millones) por debajo de la línea de pobreza extrema, según el Coneval.
Con el azote de la crisis, el organismo que mide los efectos de la política pública de desarrollo social en el país estimó que a ambos grupos se sumarían hasta 20.5 millones de personas, y señaló que este aumento obedece a la falta de apoyo gubernamental a la población con ingreso medio.
En suma, al día de hoy, alrededor de 100 millones de mexicanos —más de tres cuartas partes de la población— tienen dificultades para adquirir la canasta básica, o en definitiva es un lujo que no pueden darse.
El gobierno mexicano ha jugado un rol central en este doble proceso de muerte entre los pobres y precarización de la población, por no haber garantizado el ingreso de las familias vulnerables durante el confinamiento y no haber protegido el empleo, a decir de los especialistas.
Entre las mujeres y los hombres marginados que sufrieron los efectos de la pandemia, la sensación que permanece es que el gobierno los dejó a su suerte, desamparados.
Desde su puesto de periódicos en la calle Madero, en el Centro Histórico, anteriormente atiborrada, el señor Alejandro Fraga Ibarra, de 54 años, comerciante informal, resume así el papel que ha jugado el gobierno:
“Nos queda salir solos (adelante). Rásquese cada quien con sus propias uñas, así de sencillo. Pero no dejes de pagar tus impuestos, eso es a huevo, porque, si no, vas a tener problemas.”
Expertos señalan que la situación de pobreza aumenta las probabilidades de convertirse en víctima de la emergencia sanitaria. Las personas pobres corren más peligro debido a una suma de condiciones fatales: baja escolaridad, mala alimentación, un historial de salud precaria que suele causar comorbilidades, hacinamiento, un limitado acceso a servicios públicos básicos en el hogar que garanticen a la higiene, y una frágil economía familiar que no permitió a esas personas quedarse en casa y las forzó a salir a ganarse la comida, exponiéndose al contagio.
