En 8 meses van 210 víctimas por violencia política en México; 143 de ellas fueron mortales

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En México, entre septiembre de 2020, fecha en que inició el proceso electoral, y el 30 de abril de 2021, la organización Integralia contabilizó 169 incidentes de violencia política en México, que dejó un saldo de 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas. 

Marzo fue el mes con el mayor número de asesinatos al sumar 18, siendo el partido Morena y otros representantes de partidos y organizaciones políticas locales o independientes, los que tuvieron mayor número de decesos con el 20 y 21% respectivamente. 

El informe indica que 23 mujeres fueron víctimas mortales y 120 eran hombres; Veracruz tuvo el número más alto de víctimas, siendo 16 los que padecieron actos violentos no fatales y 17 fallecieron.

Los estados que concentran el mayor número de asesinatos de actores políticos son: Oaxaca (19), Veracruz (17), Baja California (13), Guanajuato (12) y Jalisco (9).

De acuerdo con el estudio de Integralia, la violencia política se enmarca en el contexto general de violencia homicida e inseguridad que aqueja al país. 

“Buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos (huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión)”. 

También indica que la violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad. 

Destaca que un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios de menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales. 

El estudio también indica que 43.2% de los incidentes de violencia política fueron en contra de funcionarios en activo, 32.6% en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 12.4% en contra de ex funcionarios y 11.8% en contra de activistas y periodistas.