Las y los diputados locales aprobaron en comisiones la “Ley Ingrid” que prohíbe y sanciona la difusión, filtración, trasmisión, comercialización de imágenes de cadáveres, con agravantes cuando se trate de material de niñas, mujeres o adolescentes y cuando el delito lo cometan servidores públicos de seguridad, impartición o procuración de justicia.
Las sanciones previstas son de hasta seis años de prisión, con la posibilidad de aumentar a nueve si se trata de imágenes de mujeres, niñas o adolescentes, y a once años si adicional a eso, quien lo comete trabaja en el servicio público.
En febrero del 2020 Ingrid Escamilla fue asesinada y las imágenes de su cadáver fueron difundidas y publicadas por algunos medios de comunicación y en redes sociales, lo cual generó gran indignación, y ese caso derivó en que Congresos como los de la Ciudad de México y Oaxaca ya aprobaron una norma en la materia a la que se le conoce como “Ley Ingrid“.
Con las reformas al Código Penal del Estado de México cualquier persona que difunda, transmita, comercialice, grabe, videograbe, distribuya o comparta imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres, de partes de ellos, de las circunstancias de la muerte, o de lesiones será acreedora a penas de tres a seis años de prisión, con los agravantes referidos.
A propuesta del director general jurídico y consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Francisco Fierro Sosa, la tipificación del delito no sólo será cuando se realice en una institución de naturaleza forense, como se había propuesto; sino cuando el material se encuentre relacionado con una investigación penal.
Con eso, no se limitará solo a servidores públicos de instituciones forenses, sino a cualquier persona que los difunda, transmita o comercialice.
Las propuestas
En total, se plantearon cuatro iniciativas: una de la legisladora de Morena, Liliana Gollas Trejo, para establecer como tipo penal la revelación o difusión indebida de imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite con agravantes cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes y mujeres y cuando lo cometan servidores públicos.
La segunda iniciativa de los tres diputados del PRD planteaba adecuaciones para que ningún servidor público del área de la procuración y administración de Justicia difunda, entregue, publique, transmite, exponga, distribuya, grabe, audio grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, comparta imágenes, audios, videos, información reservada o documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos o documentos relacionados con el procedimiento penal.
La propuesta de Lorena Marín, del PRI, pretendía sancionar a quien, sin estar autorizado, por cualquier medio comparta, difunda o comercialice imágenes, videos y en general cualquier contenido audiovisual de cadáveres o restos humanos, bajo resguardo de una institución de naturaleza forense.
La iniciativa de Beatriz García Villegas, de Morena, planteaba sancionar a las y los servidores públicos que comercialicen, difundan o filtren documentos, imágenes, videos, datos de prueba o información reservada o confidencial, que forme parte de un proceso penal.
Las comisiones de Procuración y Admiración de Justicia y la especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género fusionaron las cuatro propuestas.
Justificación
Liliana Gollas Trejo señaló que la “Ley Ingrid” pretende que la información personal de una mujer muerta esté protegida y no pueda ser publicada a través de filtraciones.
Explicó que deriva de la exposición de imágenes gráficas que lleva a normalizar actos agresivos, pues a lo largo del tiempo la gente se vuelve insensible a la violencia y es necesario proteger la intimidad y avanzar en la prevención, pues diariamente se enfrenta la violencia de género en sus diversas modalidades, ante una baja respuesta de las autoridades.
La ley, dijo, es testimonio de los movimientos feministas y pretende penalizar la difusión de imágenes íntimas, pues se ha criminalizado a familias y víctimas.
Araceli Casasola, del PRD, advirtió la necesidad de sancionar a servidores públicos de áreas de procuración y Justicia que expongan, difundan transmitan, reproduzcan, graben, video graben, comercialicen imágenes, videos o documentos.
Recordó el caso de Ingrid Escamilla, asesinada en febrero del 2020 y la circulación de fotografías de su cuerpo desmembrado, reflejo del incorrecto tratamiento de evidencias de servidores públicos. Pese a que se investigó la filtración, no hubo una resolución.
Ingrid Schemelevnsky Castro, del PAN, advirtió que cualquier tipo de conducta que dañe o agreda la dignidad humana debe ser sancionada.
