on reforma al Código Penal Federal, el legislador poblano Fernando Manzanilla Prieto buscará castigar hasta con cinco años de prisión a policías, peritos, primeros respondientes, agentes del Ministerio Público y servidores públicos que filtren imágenes y videos de homicidios y feminicidios.
La iniciativa que el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados busca que además del castigo de prisión, el servidor público pague una multa de entre los 26 mil 532 a los 44 mil 220 pesos.
En su argumentación, Fernando Manzanilla expone que esta propuesta surge tras la difusión en medios de comunicación de las imágenes del asesinato de Ingrid Escamilla, joven originaria de Necaxa, Puebla a manos de su pareja en la alcaldía de Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
Es claro que tales (imágenes) solo pueden tomar carácter público si alguna de las personas involucradas dentro del proceso penal las filtra. Siendo estas personas servidores públicos, deberían de velar no solo por la pronta y correcta resolución del caso, sino también por proteger los derechos de las víctimas, incluida su privacidad, así como velar por el debido respeto que merecen”.
El ex secretario de Gobernación de Puebla plantea incorporar el artículo 149 Quarter al Código Penal Federal, creando el Capítulo II para este ordenamiento, denominado “Difusión de imágenes y videos de víctimas de delitos”
Se sancionaría de tres a cinco años de prisión, y de 300 a 500 días de multa, al servidor público que de forma impresa o digital, capture y haga públicas, frente a quien no tenga derecho, las fotografías, imágenes, videos o cualquier otro tipo de recurso audiovisual o información, de una persona víctima de los delitos de lesiones, feminicidio u homicidio.
Esta acción también aplicará en contra de los que difundan imágenes de los delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, y contra el libre desarrollo de la personalidad.
El diputado federal agregó, a través de sus redes sociales, que exhortaría a los congresos locales tomar acciones pertinentes para adecuar sus códigos a esta disposición.
En Ciudad de México, la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos presentó una iniciativa a nivel local para castigar hasta con 12 años de prisión a los servidores públicos que filtren imágenes de víctimas de delito, en específico en los casos que sean contra mujeres, niños y adolescentes.
